A días de cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Julio López, el gobierno de Kirchner no ha hecho nada para velar por la integridad de los testigos de las causas contra los represores.
Si bien el gobierno cuenta con una ley de protección de testigos, la 25.764 y que además, cuenta con un programa de protección, llamado Verdad y Justicia, éstos en la práctica no existen. Hasta tal punto es así que el propio titular del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín reconoció que el espacio que el dirige “No cuenta con fondos” necesarios para llevar adelante su actividad. “Mi oficina está en Ezeiza, en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por el momento no tengo personal ni estructura, pero según me ha dicho el doctor Carlos Zannini, está a punto de salir. Por ahora puse parte de la PSA para este tema”.
En la actualidad, el programa que está en vigencia fue pensado para la protección de testigos en casos vinculados al narcotráfico y fue extendido a los protagonistas de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Pero, quedó demostrado que no sirve para proteger. Porque el principal enemigo para la integridad de los testigos, sigue siendo el propio estado, a través de la policía, las fuerzas armadas, la SIDE, o mediante la inacción gubernamental.
En tanto, se avanza en el juzgamiento de Von Wernich, las denuncias de testigos sobre amenazas se acumulan. Tras la difusión de las intimidaciones recibidas por el presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz, Carlos Rozanski, algunos testigos que debieron declarar en ese juicio recordaron que durante el mismo ellos también recibieron amenazas. De hecho, el día que comenzaba el juicio contra Etchecolatz también había sido intimidado un miembro de la agrupación HIJOS.Una testigo del caso Von Wernich cuestionó la manera irregular que tenía de custodiarla el policía que le habían asignado: a veces estaba en su lugar de vigilancia, otras no; en ocasiones dormía adentro del auto que le asignaron o llevaba visitas al vehículo.
Nilda Eloy, querellante en la causa contra Miguel Etchecolatz, sufrió numerosas intimidaciones “Desde que empezó el juicio estamos recibiendo amenazas”, había dicho a un medio local. Eloy recibió tres llamados telefónicos en los que se escuchaban “simulacros de sesiones de tortura”. La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” de Mariani, también recibió amenazas durante el juicio. Fueron dos cartas llegadas a su casa, una firmada por “El Miedo”. La otra decía “si condenan a Etchecolatz volamos la casa de los Montoneros”, en referencia a la casa en la que fueron secuestradas víctimas del ex jefe director de Investigaciones de la Bonaerense, entre ellas Clara Anahí, la nieta de Chicha que hoy tiene 31 años y aún es buscada.También recibieron unos extraños llamados telefónicos algunos abogados vinculados a las partes querellantes y hace un par de meses fue secuestrado el hijo de dos militantes populares de solo ocho años y también Felisa Marilaff, ex detenida-desaparecida, que ya estaba bajo la supuesta protección del Estado.
Hoy el 95 % de los represores siguen impunes. Hasta el propio gobernador bonaerense Felipe Solá reconoció que dentro de la policía bonaerense hay más de seis mil efectivos que cumplían funciones durante la última dictadura militar. Entonces, no es de extrañar las numerosas intimidaciones que sufren los testigos. Porque desde el retorno de la pretendida democracia, sólo se juzgaron a un par de “cabezas”, pero el aparato represivo sigue intacto y dan vueltas por la ciudad en patrullero y asesinando a jóvenes. Desde que asumió Kirchner son más de 650 los asesinados por el gatillo fácil.
En tanto, el gobierno “de los derechos humanos” de Kirchner, no ha hecho nada para cambiar esta situación, pese a tener todo el poder del Estado para hacerlo, llegando incluso al punto de la burla, al crear un programa de protección de testigos que ¡no tiene fondos!
Es por ello que desde el organismo Justicia Ya! Se pelea por el desmantelamiento del aparato represivo ya que no puede haber ni ley, ni programa de protección de testigos que sirva si no se separan de las fuerzas armadas y de la policía a todos aquellos que desempeñaron funciones en la dictadura. Porque la policía de hoy es la misma policía que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a miles de personas. Por eso, son muchos ya los testigos que se niegan -y con razón- a recibir la custodia de esta policía asesina.
Los organismos de derechos humanos tienen listas en donde figuran los nombres, cargo que ocupaban y que ocupan los policías que estuvieron vinculados a la triple A y a los grupos de tareas. La nómina trepa a más de nueve mil. Si el “gobierno de los derechos humanos, hijo de las madres de Plaza de Mayo” realmente quisiera “acabar con la impunidad” como se jacta para la tribuna, tiene todos los medios para hacerlo. De lo contrario, como viene haciendo, pone el grito en un lado, y los huevos en otro.
Roberto Cambre
Si bien el gobierno cuenta con una ley de protección de testigos, la 25.764 y que además, cuenta con un programa de protección, llamado Verdad y Justicia, éstos en la práctica no existen. Hasta tal punto es así que el propio titular del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín reconoció que el espacio que el dirige “No cuenta con fondos” necesarios para llevar adelante su actividad. “Mi oficina está en Ezeiza, en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por el momento no tengo personal ni estructura, pero según me ha dicho el doctor Carlos Zannini, está a punto de salir. Por ahora puse parte de la PSA para este tema”.
En la actualidad, el programa que está en vigencia fue pensado para la protección de testigos en casos vinculados al narcotráfico y fue extendido a los protagonistas de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Pero, quedó demostrado que no sirve para proteger. Porque el principal enemigo para la integridad de los testigos, sigue siendo el propio estado, a través de la policía, las fuerzas armadas, la SIDE, o mediante la inacción gubernamental.
En tanto, se avanza en el juzgamiento de Von Wernich, las denuncias de testigos sobre amenazas se acumulan. Tras la difusión de las intimidaciones recibidas por el presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz, Carlos Rozanski, algunos testigos que debieron declarar en ese juicio recordaron que durante el mismo ellos también recibieron amenazas. De hecho, el día que comenzaba el juicio contra Etchecolatz también había sido intimidado un miembro de la agrupación HIJOS.Una testigo del caso Von Wernich cuestionó la manera irregular que tenía de custodiarla el policía que le habían asignado: a veces estaba en su lugar de vigilancia, otras no; en ocasiones dormía adentro del auto que le asignaron o llevaba visitas al vehículo.
Nilda Eloy, querellante en la causa contra Miguel Etchecolatz, sufrió numerosas intimidaciones “Desde que empezó el juicio estamos recibiendo amenazas”, había dicho a un medio local. Eloy recibió tres llamados telefónicos en los que se escuchaban “simulacros de sesiones de tortura”. La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” de Mariani, también recibió amenazas durante el juicio. Fueron dos cartas llegadas a su casa, una firmada por “El Miedo”. La otra decía “si condenan a Etchecolatz volamos la casa de los Montoneros”, en referencia a la casa en la que fueron secuestradas víctimas del ex jefe director de Investigaciones de la Bonaerense, entre ellas Clara Anahí, la nieta de Chicha que hoy tiene 31 años y aún es buscada.También recibieron unos extraños llamados telefónicos algunos abogados vinculados a las partes querellantes y hace un par de meses fue secuestrado el hijo de dos militantes populares de solo ocho años y también Felisa Marilaff, ex detenida-desaparecida, que ya estaba bajo la supuesta protección del Estado.
Hoy el 95 % de los represores siguen impunes. Hasta el propio gobernador bonaerense Felipe Solá reconoció que dentro de la policía bonaerense hay más de seis mil efectivos que cumplían funciones durante la última dictadura militar. Entonces, no es de extrañar las numerosas intimidaciones que sufren los testigos. Porque desde el retorno de la pretendida democracia, sólo se juzgaron a un par de “cabezas”, pero el aparato represivo sigue intacto y dan vueltas por la ciudad en patrullero y asesinando a jóvenes. Desde que asumió Kirchner son más de 650 los asesinados por el gatillo fácil.
En tanto, el gobierno “de los derechos humanos” de Kirchner, no ha hecho nada para cambiar esta situación, pese a tener todo el poder del Estado para hacerlo, llegando incluso al punto de la burla, al crear un programa de protección de testigos que ¡no tiene fondos!
Es por ello que desde el organismo Justicia Ya! Se pelea por el desmantelamiento del aparato represivo ya que no puede haber ni ley, ni programa de protección de testigos que sirva si no se separan de las fuerzas armadas y de la policía a todos aquellos que desempeñaron funciones en la dictadura. Porque la policía de hoy es la misma policía que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a miles de personas. Por eso, son muchos ya los testigos que se niegan -y con razón- a recibir la custodia de esta policía asesina.
Los organismos de derechos humanos tienen listas en donde figuran los nombres, cargo que ocupaban y que ocupan los policías que estuvieron vinculados a la triple A y a los grupos de tareas. La nómina trepa a más de nueve mil. Si el “gobierno de los derechos humanos, hijo de las madres de Plaza de Mayo” realmente quisiera “acabar con la impunidad” como se jacta para la tribuna, tiene todos los medios para hacerlo. De lo contrario, como viene haciendo, pone el grito en un lado, y los huevos en otro.
Roberto Cambre
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