La re-victimización de los testigos se planteó en el alegato del juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Éste era uno de los argumentos para poder unificar los juicios y evitar el inconveniente que les causaba a las víctimas tener que volver a declarar en cada juicio, con la implicancia de tener que recordar momentos difíciles y dolorosos. Permitir la incorporación por lectura de los testimonios prestados antes del juicio y que estos puedan ser usados para próximos juicios es la finalidad de este planteo.
Con la desaparición de López el día 18 de septiembre de 2006, se declaró una amenaza abierta, no a los testigos, sino a los juicios por la verdad; las amenazas no hay que tomarlas en forma simplista, de manera que solo afectan a los testigos. Le puede pasar a cualquier integrante del campo popular, que viene luchando e impulsando estos juicios.
En este marco son más los testigos que se niegan a declarar debido a lo ocurrido y a la incertidumbre presente con la ausencia de pistas sobre el paradero de Julio López. Otra vez el fantasma de la desaparición vuelve a rondar nuestra sociedad.
Por otro lado, los programas de protección de testigos lanzados desde el Gobierno como el Programa de Protección de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto Linares, el Programa de Protección de testigos e imputados del Ministerio del Interior y el Programa de Verdad y Justicia, no cumplen su función. En una entrevista con la abogada querellante en el caso Etchecolatz y ahora en el caso Von Wernich, Guadalupe Godoy, nos relata muy bien cómo se manejan estos programas diciendo que “cuando solicitábamos sus servicios, estos se pasaban la bola de uno a otro, sin que ninguno quiera asumir la responsabilidad que implica la protección de un testigo en esta coyuntura y el costo político que implicaría si un testigo sufre algún daño”.
La protección no es a testigos clave ya que no los hay, si no que son pequeñas piezas que logran armar un todo para demostrar el genocidio. Es por eso que la integridad física de los testigos, es imposible de garantizar, cuando las fuerzas de seguridad que deben proveer este servicio, fueron cómplices de las dictaduras en la Argentina, y que hasta hoy no han sido desmanteladas, pudiendo afirmar que el aparato represivo sigue intacto, y más que brindar seguridad, brindan amenazas.
En estas situaciones se llega a la única conclusión posible, en palabras de la abogada querellante, y es que los programas de protección de testigos no van a servir hasta que en la argentina no se acabe un mal que asecha hace muchos años, que es la impunidad.
Con la desaparición de López el día 18 de septiembre de 2006, se declaró una amenaza abierta, no a los testigos, sino a los juicios por la verdad; las amenazas no hay que tomarlas en forma simplista, de manera que solo afectan a los testigos. Le puede pasar a cualquier integrante del campo popular, que viene luchando e impulsando estos juicios.
En este marco son más los testigos que se niegan a declarar debido a lo ocurrido y a la incertidumbre presente con la ausencia de pistas sobre el paradero de Julio López. Otra vez el fantasma de la desaparición vuelve a rondar nuestra sociedad.
Por otro lado, los programas de protección de testigos lanzados desde el Gobierno como el Programa de Protección de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto Linares, el Programa de Protección de testigos e imputados del Ministerio del Interior y el Programa de Verdad y Justicia, no cumplen su función. En una entrevista con la abogada querellante en el caso Etchecolatz y ahora en el caso Von Wernich, Guadalupe Godoy, nos relata muy bien cómo se manejan estos programas diciendo que “cuando solicitábamos sus servicios, estos se pasaban la bola de uno a otro, sin que ninguno quiera asumir la responsabilidad que implica la protección de un testigo en esta coyuntura y el costo político que implicaría si un testigo sufre algún daño”.
La protección no es a testigos clave ya que no los hay, si no que son pequeñas piezas que logran armar un todo para demostrar el genocidio. Es por eso que la integridad física de los testigos, es imposible de garantizar, cuando las fuerzas de seguridad que deben proveer este servicio, fueron cómplices de las dictaduras en la Argentina, y que hasta hoy no han sido desmanteladas, pudiendo afirmar que el aparato represivo sigue intacto, y más que brindar seguridad, brindan amenazas.
En estas situaciones se llega a la única conclusión posible, en palabras de la abogada querellante, y es que los programas de protección de testigos no van a servir hasta que en la argentina no se acabe un mal que asecha hace muchos años, que es la impunidad.
Lautaro Herrera - Lautaro Bravo
No hay comentarios:
Publicar un comentario