El aparato represivo sigue impune. Puede observarse tanto a nivel de los ataques recibidos por distintos organismos como por la manera de actuar, por ejemplo de la Policía Federal o Bonaerense. Día tras día podemos enterarnos de casos de gatillo fácil y de las torturas perpetradas desde estas instituciones. Las denuncias se acumulan pero se resuelve poco. Parece que la Justicia se olvida de estos hechos, y desde el Estado se habla de la lucha que se lleva por la defensa de los Derechos Humanos. En 2006 se llevó a cabo el primer juicio caratulado como genocidio, el acusado y posteriormente condenado: Miguel Etchecolatz. Jorge Julio López, testigo esencial en la causa, terminó desaparecido. La solución del Estado: pegar afiches con la cara del hombre secuestrado y la recompensa por quien pueda aportar datos, siendo hoy una suma de un millón de pesos. Como si de esta forma ya hubiera cumplido con las exigencias de las organizaciones de Derechos Humanos. Por otro lado, desde el Estado también se propone la utilización de custodia policial para la protección de los testigos. Pero cómo garantizar esa protección si desde la Policía se vienen dando actos en contra de las personas. La represión sufrida en numerosas manifestaciones deja en claro la impunidad con que se maneja este aparato. La muerte de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki, así como la de Carlos Fuentealba. Ambas en manos de policías, como también las denuncias de más de dos mil casos de gatillo fácil. Ésa es la protección que brinda el Estado.
La impunidad queda expresada en los puestos que siguen ocupando personas que estaban en la Policía desde la última dictadura. De esta forma se siguen perpetrando actos de tortura en las cárceles de diferentes puntos de la Argentina. Por otro lado, es notable el crecimiento de un grupo de ultraderecha que defiende las actuaciones llevadas a cabo durante el gobierno de facto, que además apoya en la actualidad la utilización de la fuerza coercitiva por parte de los miembros de cuerpos policiales.Y los hechos se suman, y no hay forma de garantizar que no se produzcan actos de violencia por parte de las fuerzas policiales. El desmantelamiento aún no se ha producido. Mientras tanto Arslanián se jacta de haber dado de baja a un gran número de efectivos, cuando la realidad es que si bien dejan de trabajar en el organismo policial, no son sometidos a juicios por los hechos que los han llevado a dejar su puesto. A su vez, desde las agrupaciones que luchan por el esclarecimiento de las violaciones producidas desde la Policía, denuncian que más de 1.500 efectivos continúan en su puesto desde el Proceso de Reorganización Nacional.
La única forma de proteger a las personas es juzgando de manera efectiva a quienes participan en actos que violan los derechos del hombre, y garantizando que no se produzca el uso de la fuerza, ya que esta produce más violencia, y la violencia no arregla ni esclarece los hechos, sino que aumenta el daño en las personas que se ven damnificadas en esos actos. Como ciudadanos de la Argentina es un deber exigir que se aclaren los casos de violaciones perpetrados tanto en la dictadura, como en los gobiernos “democráticos”, desde las fuerzas policiales. Es el modo de concientizar a las personas de que no puede haber un desaparecido, como es el caso de López, y como muchos casos más, porque de esta forma no podemos hablar de un estado real de democracia en el país.
Florencia Marinetti
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