Von Wernich contra Velasco

Para el cura genocida la mejor defensa es el ataque

El cura genocida, en una estrategia jurídica berreta, o quizá creyendo que aun conserva la impunidad que supo lucir, pidió ampliar su declaración, sólo para poder atacar a Luis Velasco, uno de los testigos claves de éste juicio. Von Wernich lo acusó de ser un agente de inteligencia, perteneciente al Ejército. Dijo que esto lo supo primero porque durante la dictadura vio a Velasco en una reunión con Camps (muerto) Rospide (muerto) y otra persona que no podría identificar, o sea, nada mucho más firme que su palabra y la de Etchecolatz que recientemente se lo confirmo en una charla en Marco Paz; y la verdad, no parece que la palabra de ninguno de estos dos asesinos sea demasiado valedera. Esto no es más que una vuelta de tuerca a la teoría de los dos demonios. Al afirmar que Velasco era “un doble agente”, el ex-capellán afirma que hubo dos bandos, que hubo una guerra, o por lo menos dos servicios de inteligencia, cosa que amplia un poco más en algunas cartas que circulan por la web. A la otra persona que ataca VW es a Emed, ex-agente de la policía y que declaró ante la Conadep que el cura fue parte directa de los asesinatos del grupo de los 7. Emed no podrá defenderse ya que murió en dudosas circunstancias. El que si salió a contestarle al reverendo fue el propio Velasco, quien en un momento dijo: “Aprovechando que el señor Von Wernich está presente, quisiera que el tribunal le pregunte dónde están...”, y entre sollozos nombró a sus compañeros desaparecidos: Gustavo Pérez Monçalves, Marcelino Pérez Roi, Jorge Andreani, Ricardo San Martín, Héctor Baratti, Ricardo Bonín, Néstor Bozzi, Humberto Fraccaroli. “Todos ellos fueron visitados por el sacerdote Von Wernich y están desaparecidos”, “que diga cuál fue el destino de Ana Libertad Baratti”, solicitó en referencia a una bebe nacida en cautiverio y que aun no ha recuperado su identidad. Los querellantes de Justicia Ya! la calificaron como “la típica estrategia de difamar testigos” y solicitaron que se busquen y presenten las listas con las personas que cumplieron tareas en las fuerzas armadas y represivas durante la última dictadura militar.

Juan Bonatto Seoane

Derechos Humanos vs. Represión en democracia

El aparato represivo sigue impune. Puede observarse tanto a nivel de los ataques recibidos por distintos organismos como por la manera de actuar, por ejemplo de la Policía Federal o Bonaerense. Día tras día podemos enterarnos de casos de gatillo fácil y de las torturas perpetradas desde estas instituciones. Las denuncias se acumulan pero se resuelve poco. Parece que la Justicia se olvida de estos hechos, y desde el Estado se habla de la lucha que se lleva por la defensa de los Derechos Humanos. En 2006 se llevó a cabo el primer juicio caratulado como genocidio, el acusado y posteriormente condenado: Miguel Etchecolatz. Jorge Julio López, testigo esencial en la causa, terminó desaparecido. La solución del Estado: pegar afiches con la cara del hombre secuestrado y la recompensa por quien pueda aportar datos, siendo hoy una suma de un millón de pesos. Como si de esta forma ya hubiera cumplido con las exigencias de las organizaciones de Derechos Humanos. Por otro lado, desde el Estado también se propone la utilización de custodia policial para la protección de los testigos. Pero cómo garantizar esa protección si desde la Policía se vienen dando actos en contra de las personas. La represión sufrida en numerosas manifestaciones deja en claro la impunidad con que se maneja este aparato. La muerte de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki, así como la de Carlos Fuentealba. Ambas en manos de policías, como también las denuncias de más de dos mil casos de gatillo fácil. Ésa es la protección que brinda el Estado.

La impunidad queda expresada en los puestos que siguen ocupando personas que estaban en la Policía desde la última dictadura. De esta forma se siguen perpetrando actos de tortura en las cárceles de diferentes puntos de la Argentina. Por otro lado, es notable el crecimiento de un grupo de ultraderecha que defiende las actuaciones llevadas a cabo durante el gobierno de facto, que además apoya en la actualidad la utilización de la fuerza coercitiva por parte de los miembros de cuerpos policiales.Y los hechos se suman, y no hay forma de garantizar que no se produzcan actos de violencia por parte de las fuerzas policiales. El desmantelamiento aún no se ha producido. Mientras tanto Arslanián se jacta de haber dado de baja a un gran número de efectivos, cuando la realidad es que si bien dejan de trabajar en el organismo policial, no son sometidos a juicios por los hechos que los han llevado a dejar su puesto. A su vez, desde las agrupaciones que luchan por el esclarecimiento de las violaciones producidas desde la Policía, denuncian que más de 1.500 efectivos continúan en su puesto desde el Proceso de Reorganización Nacional.

La única forma de proteger a las personas es juzgando de manera efectiva a quienes participan en actos que violan los derechos del hombre, y garantizando que no se produzca el uso de la fuerza, ya que esta produce más violencia, y la violencia no arregla ni esclarece los hechos, sino que aumenta el daño en las personas que se ven damnificadas en esos actos. Como ciudadanos de la Argentina es un deber exigir que se aclaren los casos de violaciones perpetrados tanto en la dictadura, como en los gobiernos “democráticos”, desde las fuerzas policiales. Es el modo de concientizar a las personas de que no puede haber un desaparecido, como es el caso de López, y como muchos casos más, porque de esta forma no podemos hablar de un estado real de democracia en el país.

Florencia Marinetti

COMO EL TERO

A días de cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Julio López, el gobierno de Kirchner no ha hecho nada para velar por la integridad de los testigos de las causas contra los represores.
Si bien el gobierno cuenta con una ley de protección de testigos, la 25.764 y que además, cuenta con un programa de protección, llamado Verdad y Justicia, éstos en la práctica no existen. Hasta tal punto es así que el propio titular del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín reconoció que el espacio que el dirige “No cuenta con fondos” necesarios para llevar adelante su actividad. “Mi oficina está en Ezeiza, en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por el momento no tengo personal ni estructura, pero según me ha dicho el doctor Carlos Zannini, está a punto de salir. Por ahora puse parte de la PSA para este tema”.
En la actualidad, el programa que está en vigencia fue pensado para la protección de testigos en casos vinculados al narcotráfico y fue extendido a los protagonistas de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Pero, quedó demostrado que no sirve para proteger. Porque el principal enemigo para la integridad de los testigos, sigue siendo el propio estado, a través de la policía, las fuerzas armadas, la SIDE, o mediante la inacción gubernamental.
En tanto, se avanza en el juzgamiento de Von Wernich, las denuncias de testigos sobre amenazas se acumulan. Tras la difusión de las intimidaciones recibidas por el presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz, Carlos Rozanski, algunos testigos que debieron declarar en ese juicio recordaron que durante el mismo ellos también recibieron amenazas. De hecho, el día que comenzaba el juicio contra Etchecolatz también había sido intimidado un miembro de la agrupación HIJOS.Una testigo del caso Von Wernich cuestionó la manera irregular que tenía de custodiarla el policía que le habían asignado: a veces estaba en su lugar de vigilancia, otras no; en ocasiones dormía adentro del auto que le asignaron o llevaba visitas al vehículo.
Nilda Eloy, querellante en la causa contra Miguel Etchecolatz, sufrió numerosas intimidaciones “Desde que empezó el juicio estamos recibiendo amenazas”, había dicho a un medio local. Eloy recibió tres llamados telefónicos en los que se escuchaban “simulacros de sesiones de tortura”. La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” de Mariani, también recibió amenazas durante el juicio. Fueron dos cartas llegadas a su casa, una firmada por “El Miedo”. La otra decía “si condenan a Etchecolatz volamos la casa de los Montoneros”, en referencia a la casa en la que fueron secuestradas víctimas del ex jefe director de Investigaciones de la Bonaerense, entre ellas Clara Anahí, la nieta de Chicha que hoy tiene 31 años y aún es buscada.También recibieron unos extraños llamados telefónicos algunos abogados vinculados a las partes querellantes y hace un par de meses fue secuestrado el hijo de dos militantes populares de solo ocho años y también Felisa Marilaff, ex detenida-desaparecida, que ya estaba bajo la supuesta protección del Estado.
Hoy el 95 % de los represores siguen impunes. Hasta el propio gobernador bonaerense Felipe Solá reconoció que dentro de la policía bonaerense hay más de seis mil efectivos que cumplían funciones durante la última dictadura militar. Entonces, no es de extrañar las numerosas intimidaciones que sufren los testigos. Porque desde el retorno de la pretendida democracia, sólo se juzgaron a un par de “cabezas”, pero el aparato represivo sigue intacto y dan vueltas por la ciudad en patrullero y asesinando a jóvenes. Desde que asumió Kirchner son más de 650 los asesinados por el gatillo fácil.
En tanto, el gobierno “de los derechos humanos” de Kirchner, no ha hecho nada para cambiar esta situación, pese a tener todo el poder del Estado para hacerlo, llegando incluso al punto de la burla, al crear un programa de protección de testigos que ¡no tiene fondos!
Es por ello que desde el organismo Justicia Ya! Se pelea por el desmantelamiento del aparato represivo ya que no puede haber ni ley, ni programa de protección de testigos que sirva si no se separan de las fuerzas armadas y de la policía a todos aquellos que desempeñaron funciones en la dictadura. Porque la policía de hoy es la misma policía que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a miles de personas. Por eso, son muchos ya los testigos que se niegan -y con razón- a recibir la custodia de esta policía asesina.
Los organismos de derechos humanos tienen listas en donde figuran los nombres, cargo que ocupaban y que ocupan los policías que estuvieron vinculados a la triple A y a los grupos de tareas. La nómina trepa a más de nueve mil. Si el “gobierno de los derechos humanos, hijo de las madres de Plaza de Mayo” realmente quisiera “acabar con la impunidad” como se jacta para la tribuna, tiene todos los medios para hacerlo. De lo contrario, como viene haciendo, pone el grito en un lado, y los huevos en otro.

Roberto Cambre

Robos, sañas y complicidades

Continúa en La Plata el juicio al cura represor Von Wernich, que está acusado por su participación en 7 homicidios, 31 torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad, delitos cometidos en seis campos de concentración del denominado "Circuito Camps": Arana, la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 5º, todos del partido de La Plata, así como "Puesto Vasco" (en Bernal), el "Pozo de Quilmes" y el COT 1 de Martínez.

Los testigos que declararon hasta ahora han confirmado el desempeño de Von Wernich en la represión, que éste los visitaba e intentaba sacarles información, que tenía relación con las familias de los detenidos-desaparecidos y que no le era ajena la situación de que se vivía: que existía la tortura, las vejaciones, los asesinatos.
Los testimonios también confirmaron algunos de los nombres de los represores que formaban parte de los centros clandestinos de detención mencionados, como Norberto Cozzani, Darío Rojas, Tobiano Fernández y Rousse, entre otros.
En la declaración de Silvia Banjul, Isdoro Graiver y Lidia Brodsky de Graiver, todos pertenecientes al grupo económico Graiver, y que compartieron el cautiverio con Jacobo Timerman, quedó claro el ensañamiento especial con ellos por ser judíos.
Osvaldo Papaleo, que también declaró por el caso Timerman, dijo además que: “Von Wernich siempre dio muestras de conocer bien lo que habíamos declarado antes bajo torturas”. “Era evidente que el cura era un interrogador, un agente de inteligencia que tenía un rol específico y que formaba parte de lo que yo llamo ‘cuerpo colegiado de la tortura’, en el que cada uno de los represores cumplía su rol”,
Otro elemento de importancia en la declaración de Papaleo, es la acusación directa a la Revista Somos y a la Editorial Atlántida de la familia Vigil como colaboradores de la dictadura militar. El testigo manifestó haber leído declaraciones de su hermana Lidia Papaleo en la revista Somos, al momento de estar ella secuestrada (abril de 1977). El hecho provocó que Osvaldo Papaleo enviara un telegrama a la Editorial Atlántida solicitando que se rectifique, y esa misma noche fue detenido por el Ejército y llevado a Puesto Vasco. Sobre el hecho, Papaleo manifestó que Darío Rojas (uno de los responsables de las torturas en Puesto Vasco) le dijo “tu problema empezó cuando mandaste este telegrama”, el mismo que él había enviado a la editorial Atlántida y que en ese momento el represor tenía en su mano.
Un testimonio importante fue el de Rodolfo Iacarino, empresario del campo de Santiago del Estero al que detuvieron con toda su familia con el objetivo de despojarlos de todos los bienes, que hasta hoy no han recuperado. Iacarino contó que una vez trasladado a la sede Avellaneda de la Brigada de Lanús de la Policía Bonaerense, y como parte de las operaciones cotidianas de las fuerzas represivas, lo obligaron a firmar unos papeles donde entregaban varias de sus propiedades, las que hasta el día de hoy no recuperaron. “Todo fue una maniobra para desapoderarnos de los bienes”, confirmó Iacarino, quien además mencionó que en la Brigada con sede en Avellaneda estuvo durante esos días de 1976 el Juez Federal Leopoldo Russo y su secretaria, la Doctora Aparicio.
Como si todo esto fuera poco, el periodista español Vicente Romero, reveló que en 1983 le realizó una entrevista al General Ramón Camps quien le mostró un informe con cifras y datos muy precisos sobre cadáveres encontrados, muertes producidas en enfrentamiento, eliminación de detenidos y enterramientos de nn. Infore que según el propio Camps, fue entregado al Vaticano por nuncio apostólico en nuestro país.
Según dijo Romero Camps hablaba de Von Wernich como “estrecho colaborador y amigo suyo, como su apoyo moral, quien era fundamental para poder tener la ‘conciencia tranquila’”. Y justificaba todas las atrocidades cometidas por la Dictadura, con el argumento de la salvación de los principios “occidentales y cristianos”. Otro tema sobre el que hablaron con Camps fue sobre la colaboración de civiles y de los aportes económicos a los intereses de la Junta Militar: “La justicia argentina aún no ha entrado en averiguaciones de empresas o entidades civiles y económicas en sociedad con los militares, como así también el rol de las grandes empresas ya constituidas en el país, como la Ford, la Mercedes Benz, etc., empresas que hoy se lavan la cara organizando organismos de derechos humanos pero que en otra época colaboraron con la Dictadura”.
Desde el CADHU y como integrantes de Justicia Ya! La Plata vemos la necesidad de aclarar que si bien todo lo que se avanza con este juicio es muy importante, siguen sin ser los juicios que queremos. Exigimos que se juzgue por Centro de Detención o por Circuito Represivo a TODOS los represores que lo integraron, y no a cada represor individualmente y haciendo una sumatoria de casos, sino en el contexto de un genocidio, lo que permitiría acelerar los tiempos, evitar que las víctimas pasen una y otra vez a relatar las mismas y terribles experiencias y, fundamentalmente, conseguir el castigo a todos los genocidas por todos los compañeros.

Juan Bonatto Seoane. CADHU La Plata, integrante de Justicia Ya!

Haud Habemus Tutela (No Tenemos Protección)

La re-victimización de los testigos se planteó en el alegato del juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Éste era uno de los argumentos para poder unificar los juicios y evitar el inconveniente que les causaba a las víctimas tener que volver a declarar en cada juicio, con la implicancia de tener que recordar momentos difíciles y dolorosos. Permitir la incorporación por lectura de los testimonios prestados antes del juicio y que estos puedan ser usados para próximos juicios es la finalidad de este planteo.
Con la desaparición de López el día 18 de septiembre de 2006, se declaró una amenaza abierta, no a los testigos, sino a los juicios por la verdad; las amenazas no hay que tomarlas en forma simplista, de manera que solo afectan a los testigos. Le puede pasar a cualquier integrante del campo popular, que viene luchando e impulsando estos juicios.
En este marco son más los testigos que se niegan a declarar debido a lo ocurrido y a la incertidumbre presente con la ausencia de pistas sobre el paradero de Julio López. Otra vez el fantasma de la desaparición vuelve a rondar nuestra sociedad.
Por otro lado, los programas de protección de testigos lanzados desde el Gobierno como el Programa de Protección de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto Linares, el Programa de Protección de testigos e imputados del Ministerio del Interior y el Programa de Verdad y Justicia, no cumplen su función. En una entrevista con la abogada querellante en el caso Etchecolatz y ahora en el caso Von Wernich, Guadalupe Godoy, nos relata muy bien cómo se manejan estos programas diciendo que “cuando solicitábamos sus servicios, estos se pasaban la bola de uno a otro, sin que ninguno quiera asumir la responsabilidad que implica la protección de un testigo en esta coyuntura y el costo político que implicaría si un testigo sufre algún daño”.
La protección no es a testigos clave ya que no los hay, si no que son pequeñas piezas que logran armar un todo para demostrar el genocidio. Es por eso que la integridad física de los testigos, es imposible de garantizar, cuando las fuerzas de seguridad que deben proveer este servicio, fueron cómplices de las dictaduras en la Argentina, y que hasta hoy no han sido desmanteladas, pudiendo afirmar que el aparato represivo sigue intacto, y más que brindar seguridad, brindan amenazas.
En estas situaciones se llega a la única conclusión posible, en palabras de la abogada querellante, y es que los programas de protección de testigos no van a servir hasta que en la argentina no se acabe un mal que asecha hace muchos años, que es la impunidad.

Lautaro Herrera - Lautaro Bravo

Hábitos ensangrentados

La dictadura es la herramienta que tiene el capitalismo para imponer. El objetivo que tuvo en la Argentina del ’76, fue implementar un nuevo modelo político, económico, social y cultural. Para lograrlo, no sólo se exterminó indiscriminadamente a los que habían levantado una lucha armada, si no también a todos los sectores organizados de la sociedad, que querían impedir la implementación de este modelo. Fue un plan direccionado.

Desde hace mucho tiempo se viene tratando de encontrar una explicación al fenómeno de las dictaduras en la Argentina. Se trata de buscar, los ¿quiénes?, ¿cómo?, ¿por qué? hicieron que se dieran las cosas de esa manera.

Se instauraron dos formas de ver el tema. Uno es a través de la teoría de los dos demonios: que se explica mostrando dos imágenes distintas, dos terrorismos de Estado, uno de izquierda y otro de derecha. El resto de la sociedad queda apartada y no está incluida en estos bandos. Después esta la otra teoría que explica que todas las víctimas y los asesinados, eran inocentes: le podía pasar a cualquiera, por lo tanto, si esto no te pasaba, eras ajeno al problema.

Se ha tratado de juzgar a un par de figuritas, personajes simbólicos, sin tomar a la dictadura en su verdadero sentido: una herramienta corporativa, en la que estaban involucrados personajes de distintos ámbitos que hicieron posible que este plan funcionara.

La condena histórica en el mundo a Etchecolatz por genocida, logra romper con estas teorías. Ir más allá y afirmar que hubo un genocidio, y que fue posible por el apoyo de diferentes sectores para su beneficio. Permite enjuiciar a sectores económicos antes intocables como la Ford, que entregaba autos sin número de motor a los aparatos represivos, los empresarios que marcaban a los líderes sindicales, a la Iglesia que convencía a los familiares de que no hagan la denuncia, los medios de comunicación que ayudaban encubriendo noticias, etc.

El jueves 5 de julio empezó el juicio a una figura de la Iglesia que aprovechando su investidura eclesiástica se creyó impune. El capellán Von Wernich es acusado de 42 secuestros, 31 torturas, 7 homicidios y apropiación de menores. No se intenta poner en cuestionamiento a la fe, si no comprender el papel de cada institución en esta etapa. Su rol activo, su participación e influencia.

En la Argentina hubo un crimen, el genocidio, y una víctima, la sociedad. Es por eso que es necesario seguir con este avance histórico y que la sociedad venza a la impunidad. Una impunidad, que en este juicio tiene cura…